Mientras las distintas Administraciones Públicas se vanaglorian de los buenos resultados en las primeras promociones de Grados, se ponen de manifiesto las mejoras necesarias, sin que se tenga demasiado interés en reconocerlo.
Con muy poco recorrido, dos años de ciclos completos de alumnos que empezaran desde primero su grado, se califican los Trabajos Fin de Grado vulnerando derechos de alumnos que se quedan indefensos por una falta de claridad en la normativa de elaboración, y lo que es peor, en la normas de calificación.
En apenas unos días nos han llegado noticias de los distintos casos que ha publicado la defensoría del universitario y casos particulares que parecen sacados de otra época.
Problemas con los tutores en la elaboración, conseguir que el tutor se ciña al guión establecido en la memoria de su grado y en la guía docente es toda una odisea. No hablemos de los alumnos que siguen las indicaciones de los profesores directores de sus trabajos y son suspendidos posteriormente por el tribunal. Escandalosas las falsas acusaciones de plagio que sancionan al alumno con la descalificación sin defensa posible del alumno, como si no hubiera un sistema de instrucción de las sanciones en la que se posibilitan las alegaciones del alumno. Desproporción de autoridad entre los criterios del director del trabajo y el tribunal. Discusiones de los miembros del tribunal que imposibilitan la correcta calificación.
El resultado alumnos que ven el final de su grado condicionado a la buena fe del director de su trabajo y del tribunal. No existe un mecanismo de garantías que facilite la revisión de las actuaciones de cada profesor y mucho menos de la calificación.
Capítulo aparte merece la atribución de prácticas plagiarias a los alumnos cuyos trabajos han sido ya evaluados y autorizados para la defensa y que cuando llegan a esta son suspendidos sin más.
Se palpa una falta de sintonía entre los directores y sus alumnos que tutorizan y entre los directores y los tribunales que califican definitivamente. Se establecen rivalidades que terminan pagando los alumnos que contemplan cómo conflictos ajenos a ellos les afectan con bajadas de notas o incluso con suspensos.
